Pueblo chico infierno grande

Después de más de 4 meses de investigación, se publicó ayer en Tiempo Argentino mi nota sobre minería. Acá la dejo:


A más de 1100 kilómetros de Buenos Aires, en Uspallata, provincia de Mendoza, se respira un aire tenso por la posible instalación de una minera que cambiará para siempre la forma de vida y el paisaje de esa localidad. Una red de amenazas, acusaciones y resistencia envuelven a este lugar que, como muchos otros, ven en peligro el futuro de sus recursos naturales. La cantidad de permisos para la instalación de este tipo de empresas, en distintas regiones del país, va en aumento.

Uspallata, un pueblo de 7000 habitantes, es paso obligado en la ruta que conduce a Chile. Cuando la nieve no deja transitar a los camiones, sus conductores pasan allí la noche, en el mismo paisaje donde Brad Pitt filmó en 1996, la película Siete años en el Tíbet. “Un paraíso”, como suelen decir los turistas que lo han visitado. ¿Pero qué pasaría si se instalara una explotación minera a cielo abierto en el lugar? Alder Corsánigo, dueño de la panadería más famosa del pueblo, fue uno de los primeros en alzar la voz cuando, en 2008, el intendente Rubén Miranda anunció el proyecto San Jorge. Fue así como Corsánigo conformó una asamblea de vecinos autoconvocados, para oponerse a la extracción de cobre y oro que apuntaba el proyecto. Entonces empezaron los problemas.

ESTA ES LA CUESTIÓN. “San Jorge intenta obviar el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, químicos nocivos y prohibidos, pero el problema es el xantato que van a usar, es peligroso como los otros y contamina el agua y el aire. Sin embargo, el informe de impacto ambiental que presentaron, dice lo contrario”, explicó Corsánigo. “Decían que los vecinos no sabíamos nada, pero se fue sumando gente y especialistas.” Es que el ruido que hicieron desde las alturas, llegó a la ciudad de Mendoza, donde se realizaron varios estudios ambientales en distintos organismos, para determinar si habrá o no contaminación. Entre ellos: Irrigación, la voz oficial del cuidado del agua; Ianiglia, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; la red ambiental Oikos, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica de Mendoza. Sólo la última aprueba el estudio realizado por la empresa, mientras que los otros denuncian la contaminación. El trabajo de la UNCuyo hace hincapié en los productos que se usarán. El disulfuro de carbono es uno de ellos: se trata de una sustancia generada por descomposición del xantato en forma permanente. El informe dice que “el disulfuro de carbono es considerado una sustancia tóxica similar al cianuro, al mercurio y al ácido sulfúrico”.
En el análisis realizado por Oikos, durante cinco meses, se fija en otra cuestión problemática que es la supuesta unión de la zona donde se realizará el proyecto con una cuenca que se conecta con el Río Mendoza que, según la empresa, está cerrada. Su conclusión es contundente: “se trata de una enorme incompetencia de la empresa proponente del proyecto, al desconocer aspectos esenciales que hacen a la situación de los recursos hídricos locales. O que se han manipulado intencionalmente los datos, reorientando la tesis del informe para inducir a los dictaminadores y al resto de la sociedad a pensar que el agua subterránea de la región, las aguas del Dique Potrerillos y el Río Mendoza no están en riesgo, en el caso de aparecer contaminación en las aguas subterráneas debajo de la pretendida instalación minera.

TODA LA PROVINCIA DETRÁS. El mes pasado se cumplieron en Mendoza tres años de la aprobación de una ley que pone freno a las mineras, en cuanto a los químicos que permite usar. Esa provincia, entre aquellas lindantes a la Cordillera de los Andes, es una de las pocas que mediante la legislación intenta proteger sus recursos.
María Rosa Leico es una periodista mendocina que conduce un programa de radio en General Alvear. El pasado mes de abril fue noticia en varios medios, cuando fue amenazada por pronunciarse en contra de la minería contaminante. Ese mismo día, la multisectorial perteneciente a ese departamento, compuesta por vecinos y sindicatos organizados bajo el objetivo de luchar contra esa actividad, había convocado a una reunión urgente, luego de que un diputado, Miguel Serralta, presentara un proyecto para modificar la ley municipal 7722. Camino a ese encuentro, Leico recibió las amenazas. Primero con llamados telefónicos que decían “no vas a entrar a la reunión” y luego, una camioneta intentó chocarla. “Desde la radio motorizamos la ley”, contó Leico y explicó que el diputado Serralta quiere quitar de la ley la palabra prohibir y cambiarla por restringir, un término mucho más amplio, que cambia la legislación y beneficia a las empresas.
Del mismo lado está Adolfo Nieto, ex presidente de la Cámara de Comercio e integrante de la multisectorial: “Se agruparon todos los sectores del departamento: docentes, industriales, comerciantes, agrícolas, granaderos y la multisectorial nació porque en San Rafael había proyectos mineros. Como iban a traer muchos problemas con las fuentes de agua de la zona, nos empezamos a movilizar.”

ACUSACIONES CRUZADAS. Funcionarios de la empresa afirmaron que los beneficios que traerá el proyecto San Jorge se basan en cuatro pilares: desarrollo local, crecimiento económico, responsabilidad social y compromiso ambiental, que viene a contribuir al desarrollo sustentable de la economía y de la producción local. Paralelamente a la actividad minera, se realizarán en conjunto “una serie de proyectos turísticos y agropecuarios que serán modelo en la zona. Dichos emprendimientos generarán también cientos de puestos de trabajo y serán la prueba irrefutable de que minería, producción agropecuaria y turismo pueden convivir perfectamente dentro del marco del desarrollo sustentable.”
Los vecinos de Uspallata, en tanto, denunciaron que los directivos dividen a la población y crean un clima tenso. Corsánigo explicó que “quieren hacer ver que Mendoza sería necia si dejara ir a San Jorge”, y que han hecho muchas promesas, como “pagarles siete mil pesos por mes a los futuros empleados, cuando en realidad los traen de afuera. Se anotaron 700 personas para trabajar pero hay 100 puestos para los pobladores.”
Por otro lado, los asambleístas señalaron que San Jorge presiona al gobierno para modificar la ley 7722. Sin embargo, desde la empresa se defendieron: “No estamos en contra de la ley sino que la cumplimos en todos los términos adaptando el proyecto, con una sobreinversión muy importante a la original, adaptada a los términos de la ley, por lo que el cobre se obtendrá por procesos de flotación, dejando de lado absolutamente las sustancias prohibidas por la 7722.” Pero también reflejaron su disconformidad: “Primero que nada, la ley es provincial, y a nadie le gusta cuando un grupo político cambia las reglas de juego. San Jorge ha actuado en ese sentido recurriendo ante la Corte de Mendoza, para que aclare si la violación de sus derechos es constitucional o no, y además, la empresa debe velar por los intereses de sus accionistas.”
Pero las acusaciones no terminan. Celso Jaque, el gobernador de Mendoza, apoya a la minería a cielo abierto. Según los habitantes de Uspallata, el funcionario no escuchó sus reclamos, lo que se vio reflejado en la Fiesta Nacional de la Ganadería, en mayo pasado, cuando se acercaron a entregarle algunos estudios que no quiso recibir. Nieto comentó que si bien desde la multisectorial de General Alvear tienen buena relación con el gobernador “no están de acuerdo con algunas posturas sobre minería, porque Jaque la impulsa pero dice que va a respetar la ley. Es una contradicción.”

BUENOS AIRES. María Fernanda Reyes, diputada de la Coalición Cívica de Capital Federal, integra la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y sostuvo que el caso de Uspallata se repite en otras regiones, como en Chubut, San Juan, Córdoba, San Luis, La Rioja, y otras provincias. Señaló también que “es muy grande la connivencia entre las empresas, los gobernadores y los municipios”. Para Reyes “todo está armado para que las mineras puedan desarrollar su emprendimiento, y que no quede nada para la sociedad. A veces no sale en los diarios, parecen pueblos alejados pero que en definitiva salen a la calle porque les quieren llevar el emprendimiento minero, y les repercute en la obtención de agua, y esa es el agua para las mineras, pero no para ellos porque puede estar contaminada.”

MOMENTO DE DEFINICIONES. Acusaciones, denuncias por amenazas, promesas, protestas, miedo e incertidumbre definen la situación de este pueblo. La realidad establece que, si en la audiencia pública, la Legislatura provincial aprueba el emprendimiento, en dos años se comenzaría con la explotación del cobre y, en menor medida, el oro mendocino.
Los asambleístas, sin embargo, piensan impedir el funcionamiento de la empresa. La instalación de la minera, según los uspallatinos, no es inminente, debido a que la empresa es cuestionada, tanto ambiental como judicialmente. Sin embargo, las autoridades de San Jorge confían en haber cumplido con todos los requerimientos de la ley, y lo ven como un hecho. La inversión estimada consta de más de 100 millones de dólares, pero si la contaminación fuera inminente, el costo por el agua no tendrá precio.